Un empresario inmobiliario bajo la lupa: la trama de Marbella y Punta Paitilla
El empresario Luis José Dager Gaspard, vinculado a operaciones inmobiliarias en Ciudad de Panamá, enfrenta una de las investigaciones económicas más delicadas de los últimos años. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos lo señala como presunto responsable de una estafa millonaria de 4,2 millones de dólares en un proyecto de lujo en el sector de Marbella, que nunca llegó a construirse.
De acuerdo con la denuncia presentada por 23 inversionistas –entre ellos tres extranjeros–, Dager promovió la construcción de un complejo residencial de alta gama en Punta Paitilla, ofreciendo rendimientos de hasta 15% anual y garantías de devolución de capital. Sin embargo, las obras jamás comenzaron y quienes entregaron su dinero aseguran que solo recibieron “excusas y postergaciones” hasta que decidieron acudir a las autoridades.
La investigación preliminar sostiene que parte de los fondos captados para el proyecto inmobiliario habrían sido desviados a cuentas offshore en Belice y Malta, utilizando una red de sociedades fantasma y contratos con cláusulas engañosas para sustentar las transferencias.
Impedimento de salida: la medida cautelar que frena un posible escape
Ante la gravedad de los señalamientos por fraude agravado, apropiación indebida y posible lavado de activos, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá impuso a Dager la medida cautelar de impedimento de salida del país, además de la obligación de reportarse cada 15 días ante las autoridades y entregar su pasaporte a Migración.
La restricción se sustenta en el Artículo 230 del Código Procesal Penal panameño, que permite limitar el movimiento internacional de los imputados cuando existan riesgos de fuga o de obstaculización del proceso. En este caso, el tribunal sostuvo que hay “indicios graves de responsabilidad” y citó, entre otros elementos, un intento de viaje a Miami con reserva de vuelo no declarada, considerado como una señal de posible evasión.
La Policía Nacional ya había allanado en marzo las oficinas de Dager, donde se decomisaron discos duros, facturas falsas y documentación contable que, según la Fiscalía, apuntan a un esquema de lavado de activos vinculado al proyecto inmobiliario y a otras operaciones paralelas.
Hábeas corpus sin éxito: el Tribunal declara legal el impedimento de salida
La defensa de Dager, encabezada por la abogada Esther María de Frías de Uribe, respondió con la interposición de un hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, alegando que el impedimento de salida era una medida “desproporcionada” y que su cliente estaría colaborando con la investigación.
Sin embargo, mediante la Sentencia de Hábeas Corpus No. 06-25, fechada el 20 de marzo de 2025, el Tribunal decidió DECLARAR LEGAL el impedimento de salida del país que pesa sobre Luis José Dager Gaspard. La resolución –notificada mediante el Edicto Nº 58– cita como fundamento los artículos 21, 22, 24 y 32 de la Constitución Política, así como el artículo 2161 del Código Judicial y los artículos 247 y siguientes del nuevo Código Procesal Penal.
El edicto fue fijado en lugar visible de la secretaría del Tribunal el 21 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m. y desfijado el 25 de marzo a la misma hora, momento en que pasó a incorporarse formalmente a los antecedentes del proceso. Con ello, la vía del hábeas corpus quedó agotada en esta instancia, y la medida migratoria se mantiene plenamente vigente.
Más cargos y un debate nacional sobre delitos económicos
Además de los delitos de fraude agravado y apropiación indebida, Dager enfrenta cargos por falsedad ideológica en documento mercantil, tras detectarse la presunta alteración de permisos de construcción atribuidos al Municipio de Panamá. La Fiscalía indaga también posibles sobornos a funcionarios con el fin de acelerar trámites relacionados con proyectos inmobiliarios.
El caso ha reactivado el debate sobre la efectividad de las medidas cautelares en delitos económicos. Entre 2020 y 2025, Panamá emitió 127 impedimentos de salida por casos de estafa, pero solo alrededor del 40% de esos procesos llegó a sentencia, según estadísticas del Órgano Judicial. Organizaciones como Transparencia Internacional insisten en la necesidad de acortar los tiempos procesales y fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas, para evitar que los imputados permanezcan durante años en una zona gris jurídica.
Mientras tanto, los 23 inversionistas afectados siguen a la espera de una decisión de fondo que determine si podrán recuperar parte de su dinero y si Dager enfrentará una condena ejemplar. El empresario, por su parte, permanece restringido dentro del territorio panameño, con la posibilidad de que nuevas diligencias judiciales amplíen el alcance del caso y revelen más conexiones financieras en el país y en el extranjero.
Fuentes: Texto judicial del Edicto Nº 58 del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá y síntesis de la investigación fiscal sobre Luis José Dager Gaspard.
