Una salida antes del megaoperativo
Los empresarios colombo‑panameños Max Marvin Abadi y David Abadi, vinculados al caso Lili Pink, salieron de territorio colombiano poco antes de que se ejecutara el megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de tiendas de ropa íntima. La movilidad de los dueños se conoció en el marco de la investigación por un millonario esquema de lavado de activos y contrabando que involucra a la empresa y a su red de sociedades en Colombia, Panamá y otras jurisdicciones.
De acuerdo con la información disponible, el viaje de los Abadi se produjo cuando la Fiscalía ya avanzaba en la configuración de órdenes de captura, bloqueo de bienes y medidas de extinción de dominio contra la estructura societaria de Lili Pink. Esa salida geográfica convirtió al caso en transnacional, con implicaciones legales y patrimoniales que cruzan fronteras y lazos comerciales entre Colombia y Panamá.
Qué se les imputa
Las autoridades colombianas señalan a Max Marvin Abadi y a su hijo David como presuntos líderes de una red de contrabando y lavado de activos asociada a la marca Lili Pink. La Fiscalía ha documentado un posible lavado de activos cercano a 730.000 millones de pesos, un enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y un contrabando que superaría los 75.000 millones, según cifras oficiales.
El caso se sustenta en la creación de “empresas de papel” a nombre de empleados y familiares, la manipulación de importaciones de ropa y la simulación de operaciones comerciales para ocultar el origen de grandes sumas de dinero. La Fiscalía también ha identificado envíos de recursos a jurisdicciones como Panamá y Bahamas, que amplían el alcance geográfico del presunto esquema.
El impacto en Lili Pink
El escándalo ha dejado una huella profunda en la cadena de tiendas Lili Pink, hasta hace poco una de las marcas de ropa íntima más reconocidas en Colombia. Como parte del operativo, la Fiscalía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incautaron o allanaron más de 400 locales, 40 inmuebles, vehículos y una sociedad; en paralelo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de gran parte de los bienes.
Esta situación ha generado incertidumbre entre los trabajadores, proveedores y clientes, mientras avanza el proceso de extinción de dominio y la determinación de la responsabilidad de los propietarios. La Fiscalía ha advertido que el caso no solo afecta la marca como tal, sino también la imagen de la economía colombiana al evidenciar movimientos irregulares de capital a través de la red textil de Lili Pink.
La defensa de los Abadi
La defensa de los empresarios, representada por el abogado Joan Alfonso Cancino, ha negado que existan ya imputaciones formales contra Max Marvin y David Abadi, a pesar de las órdenes de captura y la narrativa pública de la Fiscalía. El equipo jurídico insiste en que sus clientes no han cometido delito alguno y que esperan la imputación oficial en Colombia para poder presentar sus argumentos.
Según la defensa, los Abadi salieron del país por razones de seguridad y en el contexto de una investigación que aún está en etapa preliminar, aunque confían en poder comparecer de forma virtual cuando se agende la audiencia procesal correspondiente. La salida de Colombia también ha sido interpretada por sectores de la opinión pública como un intento de dificultar la ejecución de la captura y la entrega de bienes.
La vertiente panameña del caso
El caso Lili Pink tiene una fuerte conexión con Panamá, donde el conglomerado empresarial Abadi opera desde el holding Lili Brands Inc., radicado en el país. La Fiscalía colombiana ha señalado que el flujo de importaciones, remesas de divisas y la gestión de franquicias en otros países está ligado a estructuras societarias registradas en el istmo.
En el contexto panameño, la noticia de las órdenes de captura y la presunta salida de los Abadi a territorio extranjero está bajo la atención de la Contraloría General, la Fiscalía y otras autoridades encargadas de supervisar las operaciones financieras internacionales que pasan por el país. El caso refleja la complejidad de perseguir delitos de lavado cuando los involucrados utilizan múltiples jurisdicciones para blindar sus activos.
Qué se espera ahora
Con los empresarios fuera de Colombia, el proceso judicial avanza bajo la presión de las órdenes de captura, la gestión de los bienes incautados y la extinción de dominio de la marcada afectada. La Fiscalía mantiene activa la búsqueda de pruebas adicionales, la revisión de cifras y la investigación de las conexiones financieras con Panamá, Bahamas y otros países.
Para la sociedad colombiana, el caso Lili Pink se ha convertido en un escándalo emblemático de corrupción comercial y lavado de activos, que pone en el centro no solo la conducta de los dueños, sino también la capacidad del Estado para controlar operaciones complejas de comercio exterior y finanzas transnacionales.
Fuente: La Estrella de Panamá, elpais.com.co, Infobae Colombia y otros medios que cubren el caso Lili Pink
