El ocaso de los “Contratos de Delcy”: Millones en juego tras la operación militar
La operación militar estadounidense del pasado 3 de enero de 2026 no solo sacudió los cimientos políticos de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, sino que dejó en el aire una vasta red de acuerdos comerciales opacos. Entre las bajas colaterales más significativas se encuentran los Contratos de Participación Productiva (CPP), un mecanismo impulsado por Delcy Rodríguez durante su gestión como Ministra de Petróleo (2024-2025) y posterior Presidenta Encargada, diseñados para privatizar silenciosamente la industria petrolera a favor de aliados ideológicos y empresas sin credenciales.
La piñata petrolera de los CPP
Bajo la promesa de “levantar la producción” ante las sanciones, Rodríguez institucionalizó los CPP como una vía rápida para entregar campos petroleros a privados, ofreciéndoles hasta el 50% de las ganancias y ventajas operativas que la Ley de Hidrocarburos original prohibía. Sin embargo, una investigación de Armando.info y Plan V, replicada por El Faro del Morro, ha destapado que la mayoría de estos beneficiarios no eran gigantes energéticos, sino una amalgama de empresas de maletín, aliados políticos y contratistas locales sin experiencia en hidrocarburos.
Con la llegada de tropas estadounidenses y la presión de la administración Trump para “asegurar” los activos energéticos de Venezuela, estos contratos, firmados bajo una legitimidad ahora cuestionada, corren el riesgo de ser anulados o intervenidos de inmediato.
La conexión ecuatoriana: De Correa a la Faja del Orinoco
Uno de los casos más escandalosos es el de Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano con vínculos directos al entorno del expresidente Rafael Correa. A través de la empresa Territorio Trading Group, registrada en España apenas un mes después de que Delcy asumiera la cartera de petróleo, Robalino obtuvo derechos de explotación sobre el Campo Melones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
A pesar de no tener experiencia previa en el sector, la empresa de Robalino abrió oficinas en Caracas y comenzó operaciones rápidamente. Documentos revelan que esta compañía comparte sede en Madrid con otras sociedades creadas ad hoc para captar estos contratos, evidenciando un esquema de “amiguismo” transnacional que buscaba monetizar las reservas venezolanas antes del colapso del régimen.
De comedores a pozos petroleros
La improvisación y el pago de favores políticos parecen haber sido la norma en la asignación de estos bloques. Otro beneficiario señalado es West Construcciones, una empresa zuliana propiedad de la familia Fereira Rosillo. Su historial de contrataciones con el Estado se limitaba a la remodelación de comedores y obras civiles menores en refinerías. Sin embargo, bajo la gestión de Rodríguez, pasaron de arreglar cocinas a tener la responsabilidad de explotar yacimientos de crudo, un salto técnico inexplicable sin el componente de la corrupción.
El factor chino y el futuro incierto
La lista de beneficiarios también incluye a la firma china Hainan Breey Energy, a la cual se le entregó el campo Dobokubi. El acuerdo estipulaba que PDVSA asumiría los costos de adecuación tecnológica mientras la empresa china se llevaba la mitad de las ganancias, un negocio redondo para el privado y ruinoso para la nación.
Ahora, con el cambio drástico en el escenario de poder en Caracas, estos “socios” se encuentran en un limbo jurídico. La administración estadounidense ya ha señalado que revisará con lupa cada concesión otorgada en los últimos dos años, y los “contratos de Delcy”, diseñados en la sombra, son los primeros en la lista de eliminación. Lo que fue ideado como un salvavidas financiero para la cúpula chavista, hoy es papel mojado ante la nueva realidad geopolítica de 2026.
Fuente Original: Basado en el reporte de El Faro del Morro, Armando.info y Plan V.
