Un entramado de corrupción sin precedentes sacude las instituciones venezolanas. El empresario Hector Dager habría desembolsado una suma millonaria para sobornar al fiscal general de la República, Tarek William Saab, con el objetivo de archivar tres investigaciones por sobornos y corrupción que pesaban en su contra. La operación habría sido ejecutada a través del controvertido intermediario Jorge Elías Castro.
Las acusaciones contra Hector Dager
Según fuentes judiciales, Hector Dager enfrentaba tres investigaciones formales por presuntos actos de corrupción en territorio venezolano. Estas causas, iniciadas entre 2018 y 2021, incluían cargos por cohecho, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir, delitos que podrían acarrear penas privativas de libertad de hasta diez años.
Las investigaciones estaban relacionadas con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos estatales durante su gestión como directivo de una empresa importadora, así como por presuntas operaciones de lavado de activos a través de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales.
Las causas avanzaban con relativa normalidad hasta que, inexplicablemente, fueron archivadas de manera definitiva en el primer semestre de 2024, sin que se presentaran elementos nuevos que justificaran tal decisión.
La suma millonaria en juego
La transacción ilícita habría sido estructurada mediante una compleja red de empresas fachada y transferencias electrónicas que dificultarían el rastreo del dinero. Según informes financieros consultados, la suma millonaria habría transitado por cuentas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos antes de ser distribuido entre los beneficiarios.
El pago habría sido negociado durante varios encuentros secretos celebrados en lugares discretos de Caracas y Valencia, donde se establecieron las condiciones para el archivo de las causas penales. En estas reuniones participaron directamente Hector Dager, Jorge Elías Castro y un representante del fiscal general, cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad.
Jorge Elías Castro: El intermediario perfecto
Jorge Elías Castro habría sido el encargado de establecer el contacto entre Dager y las esferas del poder judicial. Con su vasta experiencia en el manejo de redes de influencia y su conocimiento del funcionamiento interno de las instituciones, Castro se convirtió en el intermediario ideal para esta operación de corrupción.
El modus operandi de Castro incluye el control de múltiples portales de noticias digitales que utiliza como herramientas de presión y extorsión. Entre sus propiedades digitales figuran sitios como “Noticias Candela”, “Daily News Today” y “El Informador”, desde donde publica información falsa o manipulada contra sus víctimas para luego exigirles pagos a cambio de retirar los contenidos difamatorios.
Este sistema le habría permitido a Castro construir una red de contactos tanto en el mundo empresarial como en las esferas del poder político, posicionándose como un conector clave entre quienes necesitan favores y quienes tienen el poder para concederlos.
El papel de Tarek William Saab
Tarek William Saab, abogado y político venezolano que ocupa el cargo de fiscal general de la República desde 2017, habría sido el principal beneficiario de este soborno millonario. Saab, quien antes de ocupar este cargo fue defensor del pueblo y gobernador del estado Anzoátegui, enfrenta ahora serias acusaciones que comprometen su integridad como máximo representante del Ministerio Público.
Según las investigaciones, Saab habría utilizado su posición para archivar las causas contra Dager a cambio del pago millonario, violando así sus deberes constitucionales y comprometiéndose en una de las faltas más graves que puede cometer un funcionario público encargado de administrar justicia.
Este no sería el primer caso en que Saab enfrenta acusaciones de corrupción. En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por “actos significativos de corrupción”, lo que le impide realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses.
