Un “aluvión de libertad” que nunca llegó
La crónica de La Patilla parte de una promesa incumplida. Lo que se anunció como un “aluvión de libertad” tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se ha traducido en una sucesión de excarcelaciones a cuentagotas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llegó a sugerir que para mediados de febrero el problema estaría prácticamente resuelto, pero el calendario político no ha coincidido con la realidad de las cárceles.
Según el balance más reciente del Foro Penal, hasta el 8 de marzo se habían verificado alrededor de 670 excarcelaciones, pero todavía permanecen tras las rejas 526 personas catalogadas como presos políticos, muchas sin juicio, con causas abiertas y con la salud deteriorada. El contraste entre la narrativa triunfalista oficial y la estadística de quienes siguen tras las rejas alimenta la sensación de engaño.
Libertad condicionada y miedo persistente
Las familias que se concentran a las afueras de centros como Zona 7 en Boleíta o el Internado Judicial Rodeo I repiten el mismo grito: “Estamos cansados de esperar”. Denuncian que, incluso cuando llegan las liberaciones, estas suelen estar acompañadas de medidas cautelares restrictivas, como prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y vetos para hablar con la prensa.
En la práctica, la amnistía no ha supuesto, para muchos, una libertad plena, sino una vida en suspenso, con una “espada de Damocles” jurídica sobre la cabeza. Abogados y defensores de derechos humanos advierten que la ley deja demasiados márgenes para que el aparato judicial mantenga abiertos expedientes y reactive causas si así lo ordena el poder político.
Amnistía diseñada a la medida del poder
El texto aprobado por el Parlamento —dominando por el chavismo— excluye de sus beneficios una amplia lista de categorías: desde acusados de “acciones armadas” hasta responsables de supuestos “hechos violentos” vinculados a protestas y procesos electorales desde 2004, así como actuaciones de la Asamblea Nacional 2016‑2021. Organizaciones como Foro Penal y activistas como Tamara Sujú y Alfredo Romero denuncian que la ley se ha usado más como herramienta de control político que como mecanismo de justicia transicional.
Mientras Miraflores intenta vender la narrativa de una amnistía “histórica” y de un país que “sabe pedir perdón y recibir perdón”, la letra pequeña del texto deja fuera a figuras clave de la oposición y no garantiza el cierre definitivo de las causas judiciales, ni para los liberados ni para quienes siguen en el exilio.
Fichas de canje en el tablero internacional
El reportaje subraya también el peso del contexto internacional. Desde Estados Unidos, Donald Trump ha celebrado lo que describe como un “ritmo acelerado” de liberaciones, presentándolas como fruto de la presión ejercida tras la captura de Nicolás Maduro y el giro político del 3 de enero. Sin embargo, para los familiares que esperan frente a los calabozos, el ritmo es “agónico” y la impresión general es que los presos políticos siguen siendo fichas de canje en negociaciones geopolíticas.
La Patilla recoge denuncias sobre al menos 11 personas desaparecidas tras recientes redadas, de las que ni el Estado ni las ONG tienen información clara, lo que alimenta el miedo a nuevas formas de persecución encubierta bajo el manto de la amnistía. En un sistema judicial que muchos perciben al servicio del poder, el camino hacia una verdadera libertad —con garantías, reparación y no repetición— luce todavía largo e incierto.
Fuente: Crónica “Entre amnistías y silencios: el lento camino a la libertad que angustia a Venezuela”, publicada en La Patilla, complementada con análisis sobre la Ley de Amnistía y los balances de excarcelaciones de ONG y medios internacionales.
