EE. UU. mantiene en pausa investigación española contra Alejandro Betancourt
La investigación que la Audiencia Nacional de España mantiene abierta contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal atraviesa un nuevo periodo de incertidumbre. El juez Santiago Pedraz espera desde hace casi un año una respuesta de Estados Unidos a una comisión rogatoria considerada clave para tomar declaración a testigos vinculados al caso Money Flight, un esquema de corrupción relacionado con PDVSA.
La ausencia de respuesta desde Washington ha dejado estancada una causa que busca determinar el origen y destino de más de US$4.000 millones presuntamente desviados de la petrolera estatal venezolana. Pedraz advirtió que, si no recibe la cooperación solicitada antes de diciembre de 2026, podría archivar nuevamente el procedimiento.
La investigación se reabrió después de que la Sala de lo Penal aceptara un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra un archivo inicial dictado en marzo. Para los fiscales, cerrar el caso era prematuro porque aún faltaba una diligencia central: escuchar por videoconferencia a cinco personas que ya fueron condenadas en Estados Unidos por el mismo esquema de corrupción.
Los testigos del caso Money Flight
Los testigos que la Audiencia Nacional considera esenciales son Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de PDVSA; Carmelo Urdaneta, exfuncionario del área petrolera; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de la empresa estatal; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas.
Sus declaraciones podrían ser determinantes para acreditar el denominado delito precedente: la supuesta corrupción dentro de PDVSA. En una causa por presunto blanqueo, demostrar que el dinero investigado procede de una actividad ilícita es indispensable para que el proceso siga adelante.
La Fiscalía Anticorrupción española sostiene que, en 2012, PDVSA otorgó un préstamo de US$4.350 millones a la compañía privada Administrador Atlantic. Los investigadores sospechan que el dinero habría sido sacado de Venezuela y posteriormente incorporado a circuitos financieros y patrimoniales mediante cuentas, sociedades, bienes muebles e inmuebles. El escrito señala presuntos pagos de sobornos a funcionarios por US$42 millones.
El nuevo papel de Betancourt en el petróleo venezolano
El caso adquiere una dimensión política adicional por el papel que, según la investigación reproducida por La Patilla, Betancourt desempeña en un reciente acuerdo petrolero entre Washington y Caracas. La nota lo identifica como una figura central en un pacto que permitiría a Estados Unidos obtener ganancias a partir de una parte de las reservas petroleras venezolanas.
El artículo afirma que el entorno de Donald Trump conoce los procesos que rodean a Betancourt en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España, y que aun así lo habría considerado un aliado para reactivar el negocio petrolero venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Consultados por El País, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió; el Departamento de Estado evitó emitir una declaración oficial; y el Pentágono remitió al comunicado divulgado tras el anuncio del acuerdo petrolero.
La causa suiza y la defensa judicial
La investigación española procede de diligencias iniciadas años atrás en Suiza. La Fiscalía de Zúrich mantenía una solicitud de extradición desde Reino Unido que impedía a Betancourt salir libremente del país mientras se resolvía el proceso. En mayo, las autoridades suizas retiraron la solicitud al alegar “particularidades del derecho británico”, decisión que puso fin a las restricciones de viaje.
Según una revelación de The Washington Post citada en la investigación, altos cargos de la Administración Trump habrían contactado a fiscales suizos en busca de información y un trato favorable para Betancourt. La Fiscalía de Zúrich no confirmó si esos contactos influyeron en su decisión. La causa suiza, sin embargo, permanece abierta.
En España, la defensa del empresario presentó un documento de la Fiscalía venezolana que asegura que la causa en Venezuela fue archivada en 2023 con autoridad de cosa juzgada. El escrito sostiene que no correspondería perseguirlo en otro país por los mismos hechos. Mientras tanto, el plazo fijado por el juez Pedraz corre: si Estados Unidos no responde antes de diciembre, el proceso español podría volver a quedar archivado.
Fuente: La Patilla, que reproduce una investigación de El País de Irene Dorta y María Martín, con información de la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Zúrich, Eurojust y fuentes judiciales internacionales.lapatilla
